Los legisladores de Georgia aprueban un proyecto de ley 268 de seguridad para prevenir futuros tiroteos escolares.
Esto ocurre casi siete meses después de la mortal balacera en la escuela secundaria Apalachee.Esto ocurre casi siete meses después de la mortal balacera en la escuela secundaria Apalachee.
"Ha sido un largo y duro camino desde el 4 de septiembre", dijo el representante republicano Holt Persinger de Winder, patrocinador del proyecto de ley, a los periodistas con lágrimas en los ojos después de la aprobación del proyecto de ley. "Hemos estado trabajando en esto casi todos los días".
El proyecto de ley ahora se envía a la oficina del gobernador Brian Kemp.
El documento exige a las agencias policiales que reporten a las centros educativos cuando un estudiante amenaza de muerte o de causar lesiones en la escuela.
El impulso para compartir información fue impulsado por la creencia entre muchos de que el sistema escolar del condado de Barrow no tenía una imagen completa de las señales de advertencia mostradas por el joven de 14 años acusado en los tiroteos mortales de dos estudiantes y dos profesores en la escuela.
Pero tanto los demócratas como los republicanos se opusieron enérgicamente a que una base de datos mantenida por la Agencia de Gestión de Emergencias y Seguridad Nacional de Georgia creara una lista negra permanente sin el debido proceso que podría tratar injustamente a las minorías raciales y religiosas.
El seguimiento de estudiantes a través de una base de datos fue eliminada después de que muchos argumentaron que crearía una lista negra permanente que podría tratar a las minorías de manera injusta.
También ordena transferencias más rápidas de los registros cuando un estudiante entra en una nueva escuela, crea al menos un nuevo puesto para ayudar a coordinar el tratamiento de salud mental para los estudiantes en cada uno de los 180 distritos escolares de Georgia y establece un sistema de denuncia anónima en todo el estado.
Las escuelas públicas tendrían que proporcionar botones de pánico portátiles a los empleados y estarían obligadas a presentar mapas electrónicos de sus campus a las agencias locales, estatales y federales una vez al año.
El proyecto de ley también establece el procesamiento de adultos por defecto cuando los niños de 13 a 16 años sean acusados de actos terroristas en la escuela, cualquier agresión con agravantes con arma de fuego o intento de asesinato.
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